Por ..Franklin Joseph
Santo domingo…Al escándalo de irresponsabilidad paterna sobre el diputado Julio Romero se suman las denuncias de dos mujeres, una residente en Suramérica y otra en Estados Unidos, que aseguran que el legislador las violó cuando eran adolescentes.
Las damas, que hablaron a reserva de sus nombres, anunciaron que someterán ante la justicia al representante de la provincia Santo Domingo.
Mientras, el congresista perredeísta negó las acusaciones vertidas en el programa El Informe y en cambio y mediante acto de alguacil, conminó a aplazar la difusión del reportaje.
Además del hijo que habría procreado con Yuilmi Peguero, de 18 años, a Romero se le comprobó la paternidad de Gabriel Eduardo Castillo, de 22 años, cuya madre Luz Yanina Castillo, afirmó que nunca cumplió con la manutención.
La señora, que reside en San José de Ocoa, y que fue embarazada a los 17 años, contó que trató de conectar al legislador con su hijo.
Testificó que, sin embargo, el congresista se mantuvo todo el tiempo evasivo, negando la relación, hasta que aceptó una prueba de paternidad que arrojó un nivel de parentesco de 99.98%.
Aún así, se ha resistido a reconocer a Eduardo Gabriel Castillo, un joven que para subsistir ha tenido que dedicarse al motoconcho y hasta se vio precisado a abandonar la escuela en el tercero de bachillerato.
La secretaria del Juzgado de Paz San José de Ocoa, Rosa Velásquez, dijo que contra Romero se dictó la sentencia 166 del 10 de julio de 2002, firmada por el juez José Eliseo Pérez Medina, que le impuso una manutención a favor de su hijo.
Romero se enfrenta ahora a una demanda en paternidad y manutención que le Yuilmi Peguero.
Tras la demanda interpuesta por Yuilmi, a la que presuntamente embarazó cuando era menor, Romero ha dicho que se trata de una campaña sucia y ha puesto en dudas las afirmaciones de la muchacha sobre la paternidad del niño de cinco meses de nacido.
En torno al acto de alguacil en el que Romero con mira a aplazar la difusión del programa El Informe, su productora, Alicia Ortega, la calificó como un intento de censura previa, que trata de intimidarla.
Dijo que sigue el deber de informar al pie de la letra, y que se impone por encima de invectivas para bloquear periodismo veraz.
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